La Fiscalía concluye que Getafe ha contaminado el río Manzanares durante 24 años
Muestras recogidas por el Seprona así lo atestiguan tras una denuncia de Impulsa Getafe tras detectar que el Consistorio lleva años pagando sanciones y sin poner solución a estas irregularidades medioambientales
GETAFE/ 22 MAYO 2019/. Getafe ha contaminado el río Manzanares durante los últimos 24 años con vertidos fecales. Así lo refleja un informe de la Fiscalía General del Estado, basado en las muestras recogidas por la unidad del Seprona de la Guardia Civil, que concluye las importantes afecciones para la flora y la fauna del entorno, ubicado en una zona protegida, pero sobre todo para la salud. El juzgado de instrucción número 3 lleva a cargo esta investigación tras una denuncia interpuesta por Impulsa Getafe, partido municipalista liderado por Roberto Benítez.
El grueso de las conclusiones se sustenta en las diferentes muestras recogidas por el Seprona en el río, que señalan que el origen de los vertidos es urbano, procedente de un colector sin autorización en una estación de bombeo abandonada en Perales del Río, una zona situada a espaldas del Cerro de Los Ángeles. Roberto Benítez valora positivamente «que la Fiscalía anticorrupción tome cartas en el asunto y asegura estar indignado porque después de 24 años ningún partido ha hecho absolutamente nada para solucionar esa situación, ni desde el Gobierno ni desde la oposición. Es muy triste que haya tenido que ser Impulsa Getafe un partido nuevo, sin ningún tipo de recurso público el que haya tenido que interponer una querella, para que ahora se elaboren rápidamente los proyectos de la estación de bombeo y se deje de contaminar el Parque Regional del Sureste».
El actual equipo de Gobierno, a la espera de que el juzgado cierre la fase de instrucción y determine la situación procesal de la alcaldesa, Sara Hernández y el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, aprobó recientemente el proyecto para arreglar las estaciones de bombeo.
Sanciones económicas
Según constan en el escrito de la Fiscalía, desde 2005 se ha sancionado al Consistorio por mala praxis en ese sentido, con multas que oscilan entre los 3.000 y los 49.993,8 euros. En uno de los casos, incluso, el expediente llevó aparejada la obligación de indemnizar los daños ocasionados al dominio público hidráulico, por valor de 14.998,15 euros.