Sentencia pionera en España que obliga a la Iglesia a pagar un impuesto por obras en un centro que no es de culto
El Colegio Inmaculada-Padres Escolapios tendrá que abonar 23.730,41€ euros en concepto de este impuesto por las obras de ampliación de un salón de actos
GETAFE/ 15 ENERO 2018/. Por primera vez un juzgado español ha dado la razón a la administración en el cobro del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a la Iglesia Católica. Se trata de una sentencia pionera en todo el país que obligará a la Iglesia a pagar 23.730,41€ euros en concepto de este impuesto por las obras de ampliación de un salón de actos, al tratarse de actividades comunes y no religiosas en el Colegio La Inmaculada- Padres Escolapios.
La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha mostrado su “satisfacción porque la justicia viene a corroborar la idea que siempre hemos defendido en Getafe, que todos tenemos los mismos derechos y debemos afrontar las mismas responsabilidades. Se trata de un hito en nuestro país que esperamos se haga extensible a otras exenciones no religiosas de la Iglesia Católica”.
El pasado 27 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una una sentencia, en la que obligaba al Estado Español a modificar su postura respecto a las exenciones fiscales reconocidas a la Iglesia Católica, cuando realiza actividades económicas ajenas a las estrictamente religiosas. Primero el Tribunal de Justica de la Unión Europea y ahora el Contencioso-Administrativo de Madrid, han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe en la cuestión prejudicial C-74/16, al señalarse que conceder exenciones fiscales a las obras que realice la iglesia católica en inmuebles ajenos a la actividad religiosa constituye una “ayuda de estado” prohibida por el artículo 107.1 de la Unión Europea.
Jornadas formativas
El 20 noviembre de 2017 Getafe organizó una Jornada Técnica dirigida a alcaldes y cargos públicos, técnicos y letrados municipales, gestores y asesores fiscales, así como personas interesadas en los tributos locales a este respecto. Se trataba de contar el caso concreto de Getafe y la sentencia europea, ahora avalada en España, para que otras administraciones puedan hacer frente también al cobro de estas exenciones.
